¿ -Mendigo o Ciudadano- ?

Enfermedades Catastróficas

Por Valerio Lara

El artículo 35 de la Constitución de Ecuador es uno de los más impresionantes, pues garantiza el derecho de atención pública o privada a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad.

La constitucionalización de ese derecho es un gran reto, puesto que implicaría la universalización de la atención médica en los casos de una amenaza de muerte inminente.

¿Es así de simple la solución de ese riesgo de salud? No, porque la sostenibilidad de ese derecho social requeriría su articulación con la legislación del Sistema de la Seguridad Social y un incremento significativo del gasto público en el sector salud. Adicionalmente, demanda una coordinación con las empresas privadas proveedoras de esos servicios y hasta un cambio de valores de su cultura institucional.

Aún con ese valladar por delante, los ecuatorianos nominalmente tienen por lo menos un fundamento legal para afrontar en forma institucional una enfermedad cancerígena, cardiovascular o cualquier patología con riesgos fatales.

En el tiempo real implicaría que estos suramericanos en vez de salir como mendigos a recolectar dinero para una determinada gravedad, en vez gestionar ayuda mediante radio o tele maratones, en vez de cabildear los fondos públicos que manipulan las oficinas políticas de la Presidencia, de un Senador, de un Diputado, entre otros, tendrían la opción de solicitar un recurso de amparo ante la violación de un derecho constitucional. Y aunque faltarían muchos recursos y burocracia por hacer, la verdad es que por lo menos estos hijos de Sucre tienen un canal más digno que los dominicanos ante una disyuntiva fatal.

El artículo 30 del Proyecto de Reforma Constitucional (PRC) dominicano proclama el derecho a la vida. Si se pretende garantizar ese derecho a partir de su concepción inclusive, ¿Por qué no hacerlo extensivo hasta la inminencia de la muerte?, preguntaría este incauto.

Si el artículo 33 del PRC tiende al respeto de la integridad física de la persona, ¿hay mayor respecto que la protección a una persona en riesgo de muerte inminente?

Si el 44 tiende a la protección de la familia ¿qué protección hay más efectiva que la de evitar su bancarrota total por solventar una enfermedad catastrófica de uno de sus miembros?

Los artículos 45, 46 y 47 se explayan en la prioridad sobre la protección de los menores, las personas de tercera edad y los discapacitados. ¿No es la vida la primera prioridad de estos dominicanos más vulnerables?

El 47 proclama el derecho de toda persona a la seguridad social. Pero el más elegante de todos los artículos es el 50, el que dice: “Toda la persona tiene derecho a la salud integral como parte del derecho a la vida”. A confesión de parte…

Por tanto, en forma difusa el PRC dominicano es equiparable a lo que taxativamente dice la Carta Magna ecuatoriana en torno a las patologías catastróficas. Y aún los revisores de aquel no constitucionalizaran en forma expresa este derecho, hay fundamentos suficientes para que cada persona se convirtiera en un digno ciudadano que recurre a un derecho, en vez de un mendigo lacrimoso atrapado en el clientelismo.

¿Y cómo? Sucede que existirán dos nuevas figuras institucionales para la garantía de los derechos constitucionales: El Defensor del Pueblo y la mal llamada Sala Constitucional.

Adicionalmente, debido a que el sistema judicial dominicano tiene la tradición del control de la constitucionalidad en forma difusa, cada ciudadano tendría la opción legal de recurrir en demanda de amparo hasta ante un Juez de Paz, para que se le reconozca su derecho a la asistencia médica debido a una enfermedad siniestra o crónica.

Lo peor que pudiera suceder es que en forma medrosa y maliciosa cada instancia judicial durara un año para decidir que sólo tienen derecho a recurrir a ese recurso de amparo los Presidentes del Senado o el de la Cámara de Diputados.

Pero en tal caso, los burócratas del sistema judicial tendrían que enviar un alguacil con la nota de su decisión a la tumba de un ciudadano que en vida no optó por el sentido común: enviarle una carta a la Primera Dama.

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